Corporación Meier intenta suspender adjudicación de casinos en San Antonio y Talca
La Corporación Meier presentó un recurso ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC), denunciando presuntas irregularidades en el manejo de los últimos dos concursos de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), donde se adjudicó la renovación de 10 de las 14 licencias propuestas. Quedaron a la deriva las plazas de Rinconada, Talca, San Antonio y Antofagasta entre 2021 y 2022.
Demanda legal
Los abogados de la Corporación Meier, Andrés Fuchs y Nader Mufdi, especificaron que “el cargo más serio” en la demanda interpuesta a mediados de septiembre es que “en el acta dominante del regulador se permite la colusión”, y además, se facilitan condiciones indiscriminadas para “un potencial abuso de dominio”.
Hasta ahora, se sabe que el grupo peruano es el principal operador de casino en la región de Talca, además de su cuota en el Casino de Puerto Natales. No obstante, procura ensanchar su presencia en el mercado chileno con la licencia de San Antonio y proseguir con la adjudicación de la capital regional de la VII Región.
El documento legal está compuesto por 44 páginas, donde el operador afirma que no es más que un agente que busca consolidar su posición como un “empresa relevante” en el campo del entretenimiento.
Pero a su vez, señala que los lineamientos adoptados por la Superintendencia de Casinos tiene “implicaciones reales en su capacidad de hacer frente a Marina del Sol, Dreams y Enjoy, los más grandes operadores de casino en la industria chilena, que dan cuenta de que las condiciones de la libre competencia en los mercados relevantes sean las más ideales”.
Buscan suspender licitaciones
Los representantes de la Corporación Meier informaron que su objetivo es lograr la suspensión de los procesos de licitación abierto, en virtud de que sea posible hacer ajustes en las bases de las licitaciones. Básicamente, el grupo corporativo peruano descubrió tres errores en el proceso de licitación de la SCJ, y por ende, presiona para que el Tribunal se avoque a resolverlos.
Reglamento
La firma explica que es preciso alcanzar un mínimo de 60%, en el conteo total de los puntajes establecidos dentro de la evaluación técnica, para poder aprobar el permiso de operatividad.
“Si la firma aspirante aprueba este requerimiento, gana con la oferta económica más sustanciosa. Aquí, el problema, se observa en el desarrollo de la etapa técnica, dado que la revisión se realiza de otra forma, distinta a lo establecido, dependiendo si se trata de una empresa entrante o incumbente”.
Abogados Corporativos.
En este sentido, precisaron que la normativa permite a los casinos renovantes ingresar de forma automática a la etapa de la presentación económica, si cumplen con el porcentaje total requerido.
“A todo esto hay que sumarle que el incumbente está en el derecho de comprometer una mínima inversión, pero argumentar que al menos el 80% de ese monto total forman parte de obras existentes en el avalúo fiscal. Y el resto se considera parte de programa de nuevas obras”, resaltaron en el recurso legal.
Aunado a esto, indicaron que las bases de las licitaciones conllevan requisitos que obstaculizan la participación de oferentes debido a la falta de información que facilitan las autoridades para armar el documento técnico.
“Existen factores en la evaluación de la ficha técnica que están vinculados a criterios discrecionales de los antes que tienen la responsabilidad de asignarlos, lo que puede significar un obstáculo para eventuales postulantes que asumen el reto de enfrentarse al operador incumbente”.
Meier.
Otras críticas
El Grupo Meier agregó que el documento “omite” disposiciones para atenuar las disyuntivas que sufrieron los operadores de casino extranjeros durante el desarrollo de la pandemia del Covid-19, dadas las medidas sanitarias que utilizó el Ejecutivo para frenar su impacto.
“Hay que tener en cuenta que las autoridades del país adoptaron un conjunto de medidas que afectaron el ingreso al territorio nacional y la movilización de agentes económicos extranjeros para poder participar en los procesos de licitación. Y en este caso, las bases del proyecto demandan que los operadores tengan presencia en Chile durante los meses previos al inicio de la licitación, para poder cumplir con proyectos viables”.
Voceros de la Compañía.
Igualmente, los abogados denunciaron que las bases del concurso de licitación no previenen los riesgos coordinados que surgen en el camino. “Es por eso que sostenemos que facilitan la colusión de diversos agentes económicos”, condenaron los representantes del grupo empresarial.
Por último, señalaron que a pesar de que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) se encuentra evaluando la fusión entre las operadoras Enjoy y Dreams, aparte de una presunta colusión que también incluye a Marina del Sol, no existe alguna cláusula que ordene la suspensión de licencias ante este tipo de hechos cuestionables. Sin embargo, el grupo se mantiene a la expectativa, dado que el TDLC solicitó al Ministerio de Hacienda, a la Superintendencia, y a la FNE, contextualizar la investigación.
